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SECCIÓN | RESPONSABILIDADES

(2107 lecturas)
Fuente: , 2007-01-24 | Sección: Responsabilidades

Enrique MacLean Soruco*.

Después de mucho tiempo, el rostro de Gonzalo Sánchez de Lozada vuelve a aparecer en los medios de comunicación. Casi con aire de celebración, los enemigos del ex presidente consideran ´un golazo´ su declaratoria de rebeldía en el proceso de Juicio de Responsabilidades seguido en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. La situación, sin embargo, no es meritoria de celebración alguna. Por lo menos no para el Gobierno.
Indistintamente de la posición que se asuma sobre la responsabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada y los miembros su gabinete por la muerte de más de 60 personas como resultado de los hechos de octubre negro es interés de cualquier jurista, que se haga llamar demócrata, que todo proceso penal, sin importar quiénes actúen como partes, se realice en las mayores condiciones de celeridad, objetividad, imparcialidad e independencia de los investigadores y juzgadores.
La verdad de los hechos de octubre negro a estas alturas, por la ausencia de elementos probatorios sólidos, ha sido fuertemente contaminada por la excesiva demora en las investigaciones, la pobreza en la recolección de prueba relevante, los desaciertos y lagunas en la teoría del caso que sostiene el Ministerio Público, la obsesión de dicha institución por los personajes políticos de dichos eventos, excluyendo a los partícipes directos de los trágicos sucesos del 2003 y la incompatibilidad de la ley que regula el Juicio de Responsabilidades con el Código de Procedimiento Penal.
El Presidente y su equipo de gobierno al ver los reclamos para acelerar la extradición no daban resultado, después de dejar el asunto más de dos años en el olvido, un día se levantó y empezó a insinuar deberes de subordinación del Tribunal Máximo a su gestión de gobierno. Después empezó a designar Magistrados Judiciales vía Decreto Supremo. Esto alivió toneladas de trabajo a los abogados de Goni. La falta de prudencia política en el juicio de octubre negro pone a los promotores del Juicio de Responsabilidades ante dos posibilidades, ambas desventajosas:
1. Que las declaraciones del Presidente instando al Poder Judicial a ´aliarse´ con el plan masista, además de las designaciones judiciales irregulares, y la declaratoria de rebeldía sin haberse dado una citación legal, sean utilizadas por los imputados de octubre negro como base y fundamento para solicitar asilo político en el país del Norte o en cualquier otro país y para fundar una denegatoria a la extradición.
2. Que el Gobierno los Estados Unidos, ante esta posición de negociación ventajosa, pretenda transar la extradición de Sánchez de Lozada como instrumento de presión hacia el gobierno del MAS en lo que respecta a los intereses de Estados Unidos en Bolivia (presiones que según los diplomáticos no existen y de las cuales jamás tendremos conocimiento, ni reconocimiento oficial, por supuesto y como siempre).
Adicionalmente, existe el riesgo de que la defensa solicite la extinción de la acción penal por haberse vencido el plazo de duración máxima del proceso. Si la Corte Suprema de Justicia no cediera a las presiones de los movimientos afines al Gobierno para mantener vigente el juicio por octubre negro y declarase la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo de duración máxima del proceso, no hay que olvidar que las leyes y los fallos de la justicia nunca fueron obstáculo para que el Gobierno se sienta tentado a influir en procesos judiciales sobrepasando los límites constitucionales. En el peor de los escenarios, es probable que el MAS y sus aliados pretendan gestionar la aprobación de una norma que reconozca para el caso de octubre negro una excepción inconstitucional y de efecto retroactivo con la finalidad de poder continuar procesando al ex presidente Sánchez de Lozada y sus ex ministros. Este tipo de manipulación del ordenamiento jurídico para influir en un caso judicial particular, en caso de darse, no sería otra cosa que disfrazar a la justicia con maniobras de persecución política pura.
Si el Presidente deseara evitar acusaciones de persecución política y de despotismo, es posible que empiecen a sugerirse y promoverse ideas a favor de un juicio en rebeldía lo cual, además de ser inconstitucional, constituiría otro antecedente para fundar una solicitud de asilo político en Estados Unidos para el ex presidente Sánchez de Lozada, sin mencionar el pésimo precedente que se abriría para nuestra justicia penal ordinaria.
Y lo peor de todo (como vulgarmente se dice), es que el MAS, como impulsor del Juicio de Responsabilidades y el Ministerio Público como órgano encargado de dirigir las investigaciones, de haber actuado con mayor anticipación y sentido estratégico, seguramente ya contaría, no solamente con una declaratoria de rebeldía, sino, tal vez con una condena ejecutoriada contra los responsables por las muertes de octubre negro, acompañada de un efectivo resarcimiento de daños en beneficio de las víctimas, quienes, al final de cuentas, son las más olvidadas en este vaivén de artificios políticos.
La encrucijada ofrece ahora dos tristes opciones: impunidad, o castigo politizado. Ambas dan el mismo resultado: justicia parcializada, manoseada e inexistente. Si el pronóstico precedente resultara acertado, y las víctimas de octubre le expresaran su indignación a Evo Morales por la falta de ajusticiamiento a Goni y su gente, es casi seguro que el Presidente y el Vicepresidente tomarán las cámaras y los micrófonos para señalar a los invisibles culpables en Estados Unidos, cuando los reales los encontrarían dentro de los 10 metros circundantes a sus escritorios ubicados en sus respectivos ´palacios´. ¿Un golazo, señor Vicepresidente? Es verdad. Hay autogoles que merecen ese calificativo.

*Enrique MacLean Soruco
pertenece al Centro de Estudios sobre Justicia y Participación (CEJIP)

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