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Fuente: , 2007-01-24 |
Sección: Responsabilidades
Enrique MacLean Soruco*.
Despu�s de mucho tiempo, el rostro de Gonzalo S�nchez de Lozada vuelve a aparecer en los medios de comunicaci�n. Casi con aire de celebraci�n, los enemigos del ex presidente consideran �un golazo� su declaratoria de rebeld�a en el proceso de Juicio de Responsabilidades seguido en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. La situaci�n, sin embargo, no es meritoria de celebraci�n alguna. Por lo menos no para el Gobierno.
Indistintamente de la posici�n que se asuma sobre la responsabilidad de Gonzalo S�nchez de Lozada y los miembros su gabinete por la muerte de m�s de 60 personas como resultado de los hechos de octubre negro es inter�s de cualquier jurista, que se haga llamar dem�crata, que todo proceso penal, sin importar qui�nes act�en como partes, se realice en las mayores condiciones de celeridad, objetividad, imparcialidad e independencia de los investigadores y juzgadores.
La verdad de los hechos de octubre negro a estas alturas, por la ausencia de elementos probatorios s�lidos, ha sido fuertemente contaminada por la excesiva demora en las investigaciones, la pobreza en la recolecci�n de prueba relevante, los desaciertos y lagunas en la teor�a del caso que sostiene el Ministerio P�blico, la obsesi�n de dicha instituci�n por los personajes pol�ticos de dichos eventos, excluyendo a los part�cipes directos de los tr�gicos sucesos del 2003 y la incompatibilidad de la ley que regula el Juicio de Responsabilidades con el C�digo de Procedimiento Penal.
El Presidente y su equipo de gobierno al ver los reclamos para acelerar la extradici�n no daban resultado, despu�s de dejar el asunto m�s de dos a�os en el olvido, un d�a se levant� y empez� a insinuar deberes de subordinaci�n del Tribunal M�ximo a su gesti�n de gobierno. Despu�s empez� a designar Magistrados Judiciales v�a Decreto Supremo. Esto alivi� toneladas de trabajo a los abogados de Goni. La falta de prudencia pol�tica en el juicio de octubre negro pone a los promotores del Juicio de Responsabilidades ante dos posibilidades, ambas desventajosas:
1. Que las declaraciones del Presidente instando al Poder Judicial a �aliarse� con el plan masista, adem�s de las designaciones judiciales irregulares, y la declaratoria de rebeld�a sin haberse dado una citaci�n legal, sean utilizadas por los imputados de octubre negro como base y fundamento para solicitar asilo pol�tico en el pa�s del Norte o en cualquier otro pa�s y para fundar una denegatoria a la extradici�n.
2. Que el Gobierno los Estados Unidos, ante esta posici�n de negociaci�n ventajosa, pretenda transar la extradici�n de S�nchez de Lozada como instrumento de presi�n hacia el gobierno del MAS en lo que respecta a los intereses de Estados Unidos en Bolivia (presiones que seg�n los diplom�ticos no existen y de las cuales jam�s tendremos conocimiento, ni reconocimiento oficial, por supuesto y como siempre).
Adicionalmente, existe el riesgo de que la defensa solicite la extinci�n de la acci�n penal por haberse vencido el plazo de duraci�n m�xima del proceso. Si la Corte Suprema de Justicia no cediera a las presiones de los movimientos afines al Gobierno para mantener vigente el juicio por octubre negro y declarase la extinci�n de la acci�n penal por vencimiento del plazo de duraci�n m�xima del proceso, no hay que olvidar que las leyes y los fallos de la justicia nunca fueron obst�culo para que el Gobierno se sienta tentado a influir en procesos judiciales sobrepasando los l�mites constitucionales. En el peor de los escenarios, es probable que el MAS y sus aliados pretendan gestionar la aprobaci�n de una norma que reconozca para el caso de octubre negro una excepci�n inconstitucional y de efecto retroactivo con la finalidad de poder continuar procesando al ex presidente S�nchez de Lozada y sus ex ministros. Este tipo de manipulaci�n del ordenamiento jur�dico para influir en un caso judicial particular, en caso de darse, no ser�a otra cosa que disfrazar a la justicia con maniobras de persecuci�n pol�tica pura.
Si el Presidente deseara evitar acusaciones de persecuci�n pol�tica y de despotismo, es posible que empiecen a sugerirse y promoverse ideas a favor de un juicio en rebeld�a lo cual, adem�s de ser inconstitucional, constituir�a otro antecedente para fundar una solicitud de asilo pol�tico en Estados Unidos para el ex presidente S�nchez de Lozada, sin mencionar el p�simo precedente que se abrir�a para nuestra justicia penal ordinaria.
Y lo peor de todo (como vulgarmente se dice), es que el MAS, como impulsor del Juicio de Responsabilidades y el Ministerio P�blico como �rgano encargado de dirigir las investigaciones, de haber actuado con mayor anticipaci�n y sentido estrat�gico, seguramente ya contar�a, no solamente con una declaratoria de rebeld�a, sino, tal vez con una condena ejecutoriada contra los responsables por las muertes de octubre negro, acompa�ada de un efectivo resarcimiento de da�os en beneficio de las v�ctimas, quienes, al final de cuentas, son las m�s olvidadas en este vaiv�n de artificios pol�ticos.
La encrucijada ofrece ahora dos tristes opciones: impunidad, o castigo politizado. Ambas dan el mismo resultado: justicia parcializada, manoseada e inexistente. Si el pron�stico precedente resultara acertado, y las v�ctimas de octubre le expresaran su indignaci�n a Evo Morales por la falta de ajusticiamiento a Goni y su gente, es casi seguro que el Presidente y el Vicepresidente tomar�n las c�maras y los micr�fonos para se�alar a los invisibles culpables en Estados Unidos, cuando los reales los encontrar�an dentro de los 10 metros circundantes a sus escritorios ubicados en sus respectivos �palacios�. �Un golazo, se�or Vicepresidente? Es verdad. Hay autogoles que merecen ese calificativo.
*Enrique MacLean Soruco
pertenece al Centro de Estudios sobre Justicia y Participaci�n (CEJIP)
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