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SECCIÓN | RESPONSABILIDADES
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Fuente: , 2006-10-17 | Sección: Responsabilidades
El ex presidente reside en Estados Unidos desde octubre del 2003. El proceso en su contra no avanza debido a un asunto procedimental que en gran medida depende de la justicia de ese país.

PROTESTA • Frente a la casa de Gonzalo Sánchez de Lozada en Maryland, EEUU, un grupo de bolivianos exige su retorno a Bolivia, entre ellos Rogelio Mayta (c) y Óscar Olivera (der)

A tres años de la denominada guerra del gas, poco avanzó la de­manda de juicio de responsabili­dades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores. Contrariamente, Goni se encuentra tan lejos de ser procesado como el 17 de octubre del񟭃, cuando abandonó el pa­ís dejando dolor e incertidumbre en las familias de 60 muertos y 151 heridos, cuantificados por el entonces fiscal general, Pedro Gareca, el 19 de febrero del 2005.

De ahí a la fecha el país cam­bió tres presidentes, eligió pre­fectos por voto directo, estuvo al borde del colapso político e ins­taló la ansiada Asamblea Cons­tituyente, pero Sánchez de Lozada continúa viviendo en Es­tados Unidos sin que la justicia boliviana pueda ponerle la mano encima, debido a temas procedí mentales que dependen de las autoridades estadounidenses.

Inmediatamente le sucedió en el cargo, Carlos Mesa se compro­metió a indemnizar a los familia­res de las víctimas y les prometió que haría justicia, pero no logró avanzar en la extradición.

El 20 de octubre del 2003, el Ministerio Público designó a los fiscales Jimmy Pareja, Fernando Cortez y Marco Antonio Nina para iniciar la investigación.

Según Milton Mendoza, uno de los fiscales que actualmente lleva el caso, el proceso se dividió en dos etapas. . El entonces fiscal general de la República, Óscar Crespo, "decidió dividir el caso en un proceso para juicio de responsabilidades, a través de la reposición acusatoria contra el ex presidente, y un proceso ordinario a cargo de la comisión de los fiscales Pareja, Cortez y Nina".
Los tres fiscales presentaron e1 resultado de sus investigaciones luego de ocho meses. "En junio del 2004 emitieron la resolución de rechazo a las imputaciones, pues según ellos los gobernantes no cometieron deli­to. Para hacer esa afirmación se apoyaron en el Decreto de Am­nistía firmado por el entonces presidente Mesa, que liberaba de culpa a los líderes de los movi­mientos sociales que también habían sido imputados".

La fiscal de Distrito en turno, Audalia Zurita, y el fiscal general, César Suárez, revocaron la reso­lución. De esa manera comenzó la segunda etapa, en la que se de­signaron nuevos fiscales para lle­var el caso. María Luisa Torrez Jaqueline Bustillos y Mirko Bor­da fueron designados fiscales res­ponsables del proceso ordinario, y César Suárez del jui­cio de responsabilidades.

El 27 de noviembre del 2004, el Congreso autorizó a la Fiscalía el inicio del juicio de responsabilida­des contra Sánchez de Lozada y su gabinete. Sólo entonces, más de un año después de la guerra del gas, comenzó la investigación.
Los fiscales Tórrez, Bustillos y Borda concluyeron sus investi­gaciones en diciembre, determinando nuevamente el rechazo por falta de pruebas. Remitieron los antecedentes a la Suprema.

El 17 de diciembre del 2004, Pe­dro Gareca asumió la Fiscalía Ge­neral y en febrero del 2005 - según el fiscal Mendoza - trató de imputar a varios ministros del MNR bajo la calificación de viola­ción, lo cual fue cuestionado por la Corte Suprema, ya que la califica­ción penal debía ser de genocidio. A fines de abril del 2005, Gare­ca agrupó a una nueva comisión de fiscales: Ramiro Ló­pez, Saúl Ro­sales, Mima Arancibia y Milton Men­doza.

El 17 de mayo, estas autoridades presentaron una imputación contra los minis­tros Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Jorge Torres, Dante Pino, Erick Reyes Villa, Hugo Carvajal, Adal­berto Kuajara, Guillermo Justiniano y Guido Áñez. En diciembre, la Fiscalía impuso me­didas cautelares para los ex mi­nistros, determinando arraigos.

Previamente, en abril de ese año, la Suprema autorizó la noti­ficación, a través de un exhorto suplicatorio, a Sánchez de Loza­da, Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, aún en EEUU. El trámite fue concluido el 22 de ju­nio por el embajador Jaime Apari­cio, con la entrega de documentos traducidos al Departamento de Estado en Washington.

El 16 de agosto del 2005, la Su­prema emitió un auto supremo determinando el levantamiento del secreto militar, lo que permi­tió abrir la investigación sobre la participación militar en octubre.

El fiscal Mendoza admitió que "aún no se ha conseguido obtener de esas instancias (militares) to­da la información requerida, aun­que en abril del 2006 se logró la imputación contra tres ex altos je­fes militares: Juan Veliz Herrera, comandante del Ejército; Luis Aranda. comandante de la Fuerza, , y José Quiroga, comandan­te de la Fuerza Aérea. Dos ex co­mandantes en jefe también fueron imputados: los generales Roberto Claros y Gonzalo Recabado".

Mientras, Goni y sus ministros continúan en EEUU buscando el trato de refugiados políticos, aunque según Rogelio Mayta, abogado del comité impulsor del juicio a Sánchez de Lozada, "el 11 de septiembre la Fiscalía ordenó la captura de Sánchez de Loza­da por medio de Interpol".

PROCESO
Octubre del 2003 • El Ministerio Publico designa a los fis­cales Jimmy Pareja, Fernando Cortez y Marco Antonio Nina  para que atiendan el denominado caso "Octubre negro".

Junio del 2004 • Los tres fiscales rechazan las imputaciones, por no encontrar delito. Audalia Zurita, fiscal de Distrito de  La Paz, deriva el caso a tos fiscales Maria Luisa Torrez, jaqueline Bustillos y Mirko Borda.

Noviembre del 2004 • El Congreso Nacional notifica a la Fiscalia la autorización para el inicio del proceso de responsa-bilidades contra Sanchez de Lozada y sus ministros.     

Diciembre del 2004 • Los tres fiscales presentan un segundo rechazo a la imputación por falta de pruebas y remiten los an-tecedentes a la Suprema. Pedro Gareca asume la Fiscalia General (renuncio el 28-9-2005).

Febrero del 2005 • gareca intenta imputar a los ministros movimientistas, pero no lo consigue y designa a tos fiscales Mima Arancibia, Saúl Rosales, Ramiro Lopez y Milton Miranda para continuar con el caso.

Abril del 2005 •La Corte Su­prema de Justicia autoriza la notificación de Sanchez de Lozada, Sanchez Berzain y jorge Berindoague a través de un exhorto suplicatorio. Dichos pa-peles se entregan al Departamento de Estado de EEUU.

Agostó del 2005 • Se Levanta el secreto militar para este caso y Los fiscales inician la investigación sobre la participación de las instancias militares en los enfrentamientos.

Abril del 2006 • Tres comandantes de instancias castrenses y dos comandantes en jefe son imputados por la justicia.
Septiembre del 2006 • La Fiscalia determino la orden de captura de Sanchez de Lozada Por INTERPOL esta se ara legal el 27 de octubre.

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