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SECCIÓN | CRISIS DE EL ALTO
(2616 lecturas)
Fuente: El Deber, 2003-10-12 | Sección: Crisis de El Alto
Al menos diez muertos y m�s de 45 heridos es el saldo de los 22 d�as de conflictos sociales, violencia y bloqueos de caminos en el departamento de La Paz, de acuerdo con el reporte oficial proporcionado por el gobierno.

El despliegue de polic�as y militares sobre las carreteras y en las calles para sofocar los conflictos urbanos y rurales y despejar las carreteras no dio buen resultado, pues s�lo caus� m�s luto e increment� el malestar social, afirm� el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti.

La intervenci�n combinada en Sorata para evacuar a 900 turistas el 20 de septiembre, caus� la muerte de un soldado y cinco civiles producto de impactos de bala de guerra, mientras que el despliegue de tropas en El Alto para restablecer el tr�nsito vehicular el jueves en el sector de Ventilla y la ex tranca de Senkata dej� dos muertos, el primero por la detonaci�n de un artefacto explosivo y el segundo a causa de un disparo en la cabeza.

De acuerdo con el informe de la Polic�a y el Ministerio de Salud, en la poblaci�n de Warisata 13 personas resultaron heridas con impactos de bala, producto del enfrentamiento armado entre militares y polic�as contra campesinos, mientras en El Alto, de 25 personas heridas, cuatro fueron por disparos de armas de fuego, En los Yungas, el domingo pasado, cuatro personas fueron internadas en el Hospital de Coroico a causa de la lucha que libraron transportistas y productores de coca.

La n�mina de los muertos es la siguiente: (Warisata) el estudiante normalista, Marcos Quispe Quispe, el alba�il Juan Cosme Apaza y una ni�a de ocho a�os, Primitivo Curaca y Eugenia Condori, el soldado Sergio Vargas Castro, (El Alto) el minero Jos� Luis Atahuichi y Ramiro Vargas Astilla. A ello se agregan los registrados ayer, que al menos son, entre ellos un ni�o de cinco a�os. El n�mero de heridos es indeterminado.

Frente a este panorama el gobierno se apur� a solicitar la participaci�n de la Iglesia Cat�lica para reiniciar el di�logo. Anoche se abri� la puerta para efectivizar el di�logo entre el gobierno y los sectores en conflicto, luego que el presidente de la Rep�blica, Gonzalo S�nchez de Lozada, recibi� a una comisi�n compuesta por representantes del Obispado de El Alto, de la Asamblea de Derechos Humanos y de la Confederaci�n de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

El mandatario expres� su deseo de entablar negociaciones con los sectores en conflicto para pacificar el pa�s sumido hace tres semanas en una convulsi�n social que hasta ahora arroja un saldo provisorio de once muertos, entre ellos dos ni�os, y decenas de heridos.

En esa reuni�n estuvieron, en representaci�n del Obispo del Alto, monse�or, Jes�s Ju�rez, el padre Ricardo Zeballos; de la Asamblea de Derechos Humanos, Waldo Albarrac�n y Sacha Llorenti y en representaci�n de la Confederaci�n de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Freddy Morales.

Amnist�a Internacional se preocupa
Amnist�a Internacional se encuentra preocupada por los acontecimientos que se vienen registrando en el pa�s. Ha solicitado al gobierno que se investiguen las muertes de Warisata como consecuencia de los conflictos sociales. La organizaci�n ha hecho conocer un documento a trav�s del Cejis, en el que tambi�n hacen un llamado a las autoridades para que ya no se den estos luctuosos hechos. "La organizaci�n, en sus comunicaciones, ha solicitado investigaciones inmediatas, imparciales y concluyentes haciendo �nfasis en la importancia de que dichas investigaciones sean adelantadas por la justicia ordinaria, que sus t�rminos de referencia y sus conclusiones sean dadas a conocer p�blicamente y que los encontrados responsables sean llevados ante la justicia", precisa Amnist�a Internacional.

Amnist�a Internacional hace un llamamiento a las autoridades bolivianas para que en cumplimiento con sus obligaciones internacionales se aseguren que en la elaboraci�n de pol�ticas econ�micas, se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales.
 


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