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SECCIÓN | CRISIS DE EL ALTO

(2267 lecturas)
Fuente: El Deber, 2003-10-12 | Sección: Crisis de El Alto

Al menos diez muertos y más de 45 heridos es el saldo de los 22 días de conflictos sociales, violencia y bloqueos de caminos en el departamento de La Paz, de acuerdo con el reporte oficial proporcionado por el gobierno.

El despliegue de policías y militares sobre las carreteras y en las calles para sofocar los conflictos urbanos y rurales y despejar las carreteras no dio buen resultado, pues sólo causó más luto e incrementó el malestar social, afirmó el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti.

La intervención combinada en Sorata para evacuar a 900 turistas el 20 de septiembre, causó la muerte de un soldado y cinco civiles producto de impactos de bala de guerra, mientras que el despliegue de tropas en El Alto para restablecer el tránsito vehicular el jueves en el sector de Ventilla y la ex tranca de Senkata dejó dos muertos, el primero por la detonación de un artefacto explosivo y el segundo a causa de un disparo en la cabeza.

De acuerdo con el informe de la Policía y el Ministerio de Salud, en la población de Warisata 13 personas resultaron heridas con impactos de bala, producto del enfrentamiento armado entre militares y policías contra campesinos, mientras en El Alto, de 25 personas heridas, cuatro fueron por disparos de armas de fuego, En los Yungas, el domingo pasado, cuatro personas fueron internadas en el Hospital de Coroico a causa de la lucha que libraron transportistas y productores de coca.

La nómina de los muertos es la siguiente: (Warisata) el estudiante normalista, Marcos Quispe Quispe, el albañil Juan Cosme Apaza y una niña de ocho años, Primitivo Curaca y Eugenia Condori, el soldado Sergio Vargas Castro, (El Alto) el minero José Luis Atahuichi y Ramiro Vargas Astilla. A ello se agregan los registrados ayer, que al menos son, entre ellos un niño de cinco años. El número de heridos es indeterminado.

Frente a este panorama el gobierno se apuró a solicitar la participación de la Iglesia Católica para reiniciar el diálogo. Anoche se abrió la puerta para efectivizar el diálogo entre el gobierno y los sectores en conflicto, luego que el presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, recibió a una comisión compuesta por representantes del Obispado de El Alto, de la Asamblea de Derechos Humanos y de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

El mandatario expresó su deseo de entablar negociaciones con los sectores en conflicto para pacificar el país sumido hace tres semanas en una convulsión social que hasta ahora arroja un saldo provisorio de once muertos, entre ellos dos niños, y decenas de heridos.

En esa reunión estuvieron, en representación del Obispo del Alto, monseñor, Jesús Juárez, el padre Ricardo Zeballos; de la Asamblea de Derechos Humanos, Waldo Albarracín y Sacha Llorenti y en representación de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Freddy Morales.

Amnistía Internacional se preocupa
Amnistía Internacional se encuentra preocupada por los acontecimientos que se vienen registrando en el país. Ha solicitado al gobierno que se investiguen las muertes de Warisata como consecuencia de los conflictos sociales. La organización ha hecho conocer un documento a través del Cejis, en el que también hacen un llamado a las autoridades para que ya no se den estos luctuosos hechos. "La organización, en sus comunicaciones, ha solicitado investigaciones inmediatas, imparciales y concluyentes haciendo énfasis en la importancia de que dichas investigaciones sean adelantadas por la justicia ordinaria, que sus términos de referencia y sus conclusiones sean dadas a conocer públicamente y que los encontrados responsables sean llevados ante la justicia", precisa Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades bolivianas para que en cumplimiento con sus obligaciones internacionales se aseguren que en la elaboración de políticas económicas, se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 

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